27 femicidios en julio, 163 en 2025. Esos son los datos reunidos por el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestivo de datos y análisis de la violencia patriarcal. Los números no alcanzan a dar cuenta sobre el punto de inflexión que expresa este mes para este tipo de violencias. Se trata de una consecuencia directa de la complicidad estatal (Poder Ejecutivo & Poder Judicial) al imponer una política negacionista a los crímenes de mujeres y trans cometidos en contextos narco territoriales. El resultado está ahora a la vista y es el horror: cuerpos descuartizados, que emulan el modelo instalado en Ciudad de Juárez por los carteles narcos que dominan la muerte en esa ciudad.
Este julio argentino fue en Córdoba, fue Brenda Torres (foto de portada) -de apenas 24 años- y fue cerca del estadio de fútbol donde apareció uno de sus muslos seccionados. Recién hoy 1º de agosto apareció el resto de su cuerpo destrozado. La fiscalía asegura que ya hay dos detenidos.
En agosto del año pasado también había sido detenido Juan Carlos Galarregui, el asesino de Rocío Fernández, de apenas 27 años. Fue en Mar del Plata y fue en un freezer donde encontraron su cuerpo, en el cual su femicida lo depositó esperando el mejor momento para descuartizarlo. La causa fue elevada este mayo a juicio oral, pero el fiscal Fernando Berlingeri solicitó resolver el procedimiento en un juicio abreviado. Para eso ofreció declinar la acusación de femicidio, ya que esa calificación legal impide estos procesos de resolución rápida y, por cierto, de menos pena. Es exactamente lo que hizo el Poder Judicial correntino en el caso de la periodista Griselda Blanco: homicidio simple, juicio abreviado, 12 años de prisión que no son de cumplimiento completo, ya que la carátula omite la violencia de género. Esta tendencia judicial negacionista se inició este año y en febrero cuando la Cámara de Casación bonaerense emitió el tercer fallo sobre un mismo crimen para justificar que Lucía Pérez había sido drogada y violada, pero decidió que su crimen no era un femicidio.
Así, al borrar las huellas de la violencia de género en el trámite judicial, el Estado argentino se jacta de haber bajado la tasa de este tipo de crímenes.
Así los dos poderes del Estado ganan impunidad, y la sociedad pierde.
¿Qué pierde?
Los femicidios en contexto de narcomenudeo territorial tienen característica atroces y también señales comunes: la diferencia de edad entre víctimas y asesinos, el consumo de cuerpos como intercambio de mercancías, la vulnerabilidad de las adictas y sobre todo, la diferencia de poder entre quien tiene la droga y quien, por situación de absoluta dependencia, la necesita. Estos rasgos, entre otros, son los que se omiten en los procedimientos judiciales y también en los análisis sociales, que tienden a asimilar estas políticas con las que se somete a las barriadas periféricas con las conductas recreativas de clases y barrios acomodados.
Situar la información en territorios específicos, con sus contextos particulares y sus vulnerabilidades sociales, es clave para analizar qué significan estos femicidios que, hay que repetirlo, sin la complicidad policial y judicial podrían evitarse.
Las consecuencias de la maquinaria de invisibilización estatal y académica tiene consecuencias brutales. Eso es lo que nos informa este mes de julio de 2025: los cuerpos de las mujeres ya son pedazos arrojados a nuestro paso.